FORMACIÓN ÉTICA : Propuesta de Solución a la Situación de Riesgo Social

Propuesta de Solución a la situación de riesgo social “Corrupción en las Alcadías”

La corrupción se está convirtiendo en cáncer que afecta a la economía, hiere la credibilidad de las empresas y de los emprendedores, desalienta la atracción de inversión y talento y debilita todo intento de proyectar a un municipio. Hay que tomar conciencia de la importancia de crear una cultura anticorrupción y de su complejidad, de sus raíces sociales.

Las propuestas para cambiar el panorama actual van desde un cambio personal y familiar “cambios orientados a recuperar valores y principios éticos” hasta promover reformas normativas para establecer sanciones más severas contra los corruptos, como no aplicar casa por cárcel ni permitir reducción de penas por buen comportamiento.

Es necesario, además, “ejercer control social, a través de veedurías proyectos o convenios. Acceder a la información pública, exigir control político e involucrar a la ciudadanía en las decisiones administrativas”.

Las personas no tienen criterios para entender lo que pasa a su alrededor, en las mesas de participación por ejemplo. Se debe cambiar la cultura así la institución no ayude. ¿Cómo hacer para que las personas entiendan que esto puede cambiar? Debemos ser más participativos, no dejar que otros elijan por nosotros, así no tendremos tantos vacíos y no como la gran mayoría, la pregunta de siempre. ¿Para dónde vamos? Deben educarnos para participar.

Como medidas de solución y factor central sería el poder:

Destacar a los ciudadanos y organizaciones sociales que realizan ejercicios de control social y tuvieron resultados exitosos de seguimiento a la gestión pública.

Transparencia radical, total y digital de la información pública.

Todos los contratos, licitaciones, normativas, resoluciones, etc. de las Administraciones Públicas deberían ser públicos y accesibles a todo el público vía internet, un correo institucional al cual tengamos acceso todos.

Incentivos a las denuncias judiciales serias, sin juicios mediáticos paralelos: Se debe incentivar y respaldar todavía mucho más la denuncia fundamentada de un indicio de corrupción. Esto es, no sólo protección y anonimato. Se deben facilitar garantías, procedimientos claros y publicitados para que los ciudadanos puedan hacer uso de ello.

Propuestas de una Ley de protección jurídica a todos aquellos ciudadanos denunciantes de posibles casos de corrupción., a la vez limitar los juicios mediáticos paralelos gratuitos, o penalizar denuncias con escaso o nulo fundamento, la corrupción está acabando en un circo que daña la imagen de un municipio, ciudad y de la sociedad en general.

Auditorías públicas: Responsabilidades relevantes para auditorias privadas que no identifiquen fraude y corrupción de las cuentas auditadas cuando en las mismas se identifiquen delitos de esta naturaleza. Difusión digital y pública de los informes y auditorias. Incentivar las mejores prácticas auditoras profesionales y de control.

Más jueces y más recursos judiciales contra la corrupción: más medios judiciales especializados para mejorar las respuestas. Disminución radical del tiempo en los procesos y aplicación de sentencias tras la dotación de medios. Diligencia y efectividad judicial.

Financiación real de los partidos políticos: nuevas bases de financiación de los partidos políticos ampliando de forma realista los canales de una financiación transparente. Las donaciones privadas de terceros deberían ser públicas en un espacio web, limitadas en su cuantía y motivadas en cualquier caso. Control de la financiación diferida a fundaciones o terceras vías en general. Regulación orgánica y muy severas penalizaciones a partidos que incurran en falsedad, fraude o financiación ilegal. La simple vulneración de los principios de ejemplaridad, en cuanto a transparencia económica, financiera y contable de un partido político debería ser objeto de sanciones muy relevantes recogidas por ley. Prohibición de la condonación de deudas.

Menos cargos públicos, mayor retribución y asunción de mayor responsabilidad.

Fortalecimiento de la función pública y la igualdad de oportunidades en su acceso. Que un Alcalde u otros altos cargos políticos tengan el máximo poder y las mayores responsabilidades obteniendo retribuciones muy inferiores al sector privado tiene muchos efectos perversos, entre ellos, el intento de acceder a ingresos extras complementarios al margen de la ley.

Fomentar y premiar buenas prácticas de Administración pública, con el objetivo de que los ciudadanos valoren y premien las buenas prácticas; y los políticos y gestores públicos encuentren un crédito político a su buena gestión. Premios, reconocimientos frecuentes y otorgados por instituciones y órganos que ostenten la mayor reputación.

Educación, educación y más educación:Educación en la escuela, en la secundaria, en la universidad, en la sociedad… de los valores éticos que fortalecen la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la convivencia social. Rechazo radical a la corrupción en todas sus manifestaciones. Fortalecimiento de los códigos éticos profesionales en colegios y asociaciones. Velar por la reputación profesional e institucional. Y en general en todo tipo de políticas de buen gobierno y responsabilidad corporativa en empresas e instituciones. Se trata de construir una sólida “cultura ética” ciudadana contra la corrupción, equiparable a la de otros países.

Las recalificaciones de suelo, la elaboración de planes de ordenación urbana, la propia gestión del suelo, el control urbanístico son tan claves para luchar contra la corrupción, como la propia Ley que regula los Contratos del Estado con empresas privadas. La corrupción municipal está en gran medida unida a la gestión urbanística. No es un tema fácil, pero si hubiera voluntad política real también se acabaría con esta fuente de corrupción. La lentitud en la gestión de los cambios urbanísticos no es sinónimo ni de transparencia, ni garantiza los intereses públicos. Si cada cambio fuera mapificado y publicitado con claridad en los medios de comunicación (por ley), si toda la información hasta sus más mínimos detalles estuviera en Internet, los criterios justificativos de su tramitación, catalogación, etc.; efectivamente se darían pasos importantes. Pero sin educación ciudadana, sin sensibilidad hacia estos problemas, es difícil que esta fuente de corrupción pueda ser atajada municipio a municipio. En general se deberían endurecer las penalizaciones. Quizás habría que valorar que ante cualquier caso de corrupción o ineficiencia grave y objetiva el municipio debería perder sus atribuciones durante un determinado periodo de años.

Gran pacto nacional contra la corrupción: Si se identifican grandes objetivos nacionales asumidos de forma responsable y colectivamente: la lucha contra la corrupción dada su entidad y generalización, merece un gran pacto, un compromiso de tolerancia sin corrupción, sería básico para que las medidas apuntadas arriba tuvieran el alcance y efectividad deseadas; pero también para generar un clima que impida que los partidos se enfrasquen a la defensiva y por el contrario pasen a ser proactivos con la intolerancia hacia la corrupción, tomando decisiones efectivas y ejemplares. Concluyendo… menos jalear casos de corrupción y más medidas efectivas en contra de ella.